Asalto injusto a los bonistas de Puerto Rico

February 10, 2016 | By | Reply More

Asalto injusto a los bonistas de Puerto Rico

Un remedio peor que la enfermedad

Por Miguel A. Ferrer

La reestructuración de la deuda propuesta por el gobierno de Puerto Rico es un asalto injusto a los bonistas de Puerto Rico. Además, expone a la economía de Puerto Rico a una pérdida real de aproximadamente $9 mil millones al ofrecerle a los bonistas locales un pago sobre su principal de menos del 40% en promedio, o sea un descuento de 60 centavos de cada dólar.

Antes de continuar debo aclarar que soy tenedor de bonos de Puerto Rico, por lo tanto, me afectaré por la reestructuración.  También debo indicar que entiendo la necesidad de la reestructuración porque la deuda es insostenible tal como está estructurada ante la situación fiscal que sufrimos.  No obstante, la fórmula propuesta para la reestructuración terminará hundiendo más a nuestra economía. Al presente, esa fórmula coloca la mayor carga sobre los bonistas y en particular sobre los bonistas de Puerto Rico, quienes carecen de alguien que represente sus intereses.  En esta columna propongo explicar por qué la propuesta terminará siendo un remedio más peligroso que la enfermedad y podría hundir a Puerto Rico por muchos años más en una espiral descendente.

La fórmula

El gobierno de Puerto Rico está ofreciendo negociar a la misma vez con gran parte de sus bonistas al intercambiar sus bonos con un profundo descuento por un bono nuevo, con rango constitucional, que tendría como fuente principal extra de repago el incremento en el IVU, y la “crudita” en forma dirigida o sea “securitized”.

Además, les solicita a los bonistas una moratoria de dos años en el pago de intereses mientras que no se aportaría al principal hasta el 2021.   Una segunda emisión se haría para pagar a los bonistas por la diferencia contra el descuento, pero sólo si hay crecimiento económico y tomando en cuenta otras consideraciones, lo cual hace su rendimiento muy incierto.  Por lo tanto, todo indica que la oferta a los bonistas es bastante amarga.

Aunque se negocia a la vez con 11 emisores, no todos se tratan igual.   Para los bonos de obligación general– que son los bonos con garantía constitucional– se propone un recorte de 30%. Para los bonos COFINA, se pretender un recorte de 55% y para el resto, donde se encuentra la mayor parte de los bonos en manos de residentes de Puerto Rico, se pretende un descuento de 70%.

La propuesta tiene el fin de recortar la deuda de Puerto Rico aproximadamente a la mitad. No hay duda que inicialmente haría más manejable el pago, pero lo que no está claro es a qué costo.  Esta fórmula no se sustenta en la divulgación amplia de estados financieros auditados y no presenta por qué es necesario reducir la deuda por 50%.  Se basa en premisas sobre las cuales hay poca confianza y mucha falta de transparencia.

 El ingrediente de confianza

Todo el mundo está pidiendo a gritos los estados auditados de Puerto Rico del año fiscal 2014 para tener un cuadro confiable de dónde estamos.  Por razones que nadie tiene claro, el gobierno no ha explicado claramente el retraso y ha fallado en cumplir con varias de las fechas en las cuales se había comprometido con su publicación.

Para colmo, el gobierno presenta los números relacionados con la deuda como si se tratara de actos de magia. Hace unos meses, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento estimó que la brecha que existía entre el servicio de deuda y la capacidad de repago del gobierno era de $14 mil millones, un poco más tarde subió a $16 mil millones, después a más de $46 mil millones y, ahora, la cantidad nueva, anunciada por la Secretaria de la Gobernación Grace Santana en una columna de opinión es de más de $60,000 para la próxima década.

¿De dónde salen estos números?  ¿Cómo es posible que en cuestión de meses crezcan y crezcan como la levadura?  ¿Cuáles son las premisas sobre las cuales se basan esos cálculos?

Si nadie, más que un puñado de funcionarios del gobierno y sus asesores, conoce la información cómo se pretende que el resto del mundo la acepte, sobre todo cuando un día dicen una cosa y al otro día la cambian.

Bien se entiende el grandísimo esfuerzo que el Banco Gubernamental  de Fomento está llevando a cabo para intentar buscar avenidas fructíferas para Puerto Rico rebasar sus problemas fiscales.  Sin embargo, el proceso del Gobierno en comunicarse con el pueblo deja mucho que desear y ahí estriba parte del problema.

Hace tiempo que el mercado empezó a descontar a Puerto Rico precisamente por el asunto de confianza. El resultado de esa pérdida de confianza es responsabilidad nuestra y nuestra sola. Hace falta confianza y buena fe para sentarse en una mesa a negociar. Por lo tanto, una negociación con los bonistas, ya de por sí difícil, será casi imposible si Puerto Rico no hace un esfuerzo por aumentar su credibilidad.  Mientras tanto, los mercados nos castigan bajando la valorización de nuestros bonos.

Repartir el dolor

Además de la falta de transparencia que se le adjudica al gobierno de Puerto Rico en la negociación de la deuda, existe la percepción de que la oferta presentada a los bonistas es un intento por pasarle la mayor parte de la carga precisamente a estos.

Más allá de crear nuevos impuestos, el gobierno no ha hecho mucho por reformar sus servicios y estructura ante una situación insostenible.  Tenemos una población mucho más pequeña pero la estructura del gobierno no parece reconocerlo, salvo con el cierre de algunas escuelas públicas. No ha habido ni siquiera una discusión pública seria sobre cómo reformular los servicios ante nuestras nuevas realidades y achicar el gobierno.

En los sistemas de retiro tenemos un creciente hoyo negro. Sin embargo, el gobierno no ha logrado atajar el problema efectivamente. En un momento se dieron unos primeros pasos que terminaron en muy poco.  Además, la Corte Suprema dio al traste con algunas de las reformas. Y después no se intentó más. Ahora se pretende que los bonistas asuman esa carga, algo que no les corresponde, pues es un problema de todo Puerto Rico.

Se ha hablado de repartir el dolor para resolver nuestra crisis fiscal. No hay duda que habrá que hacerlo.  No obstante, no se puede pretender que la mayor parte de los golpes sean para los bonistas. No es una premisa realista y tiene consecuencias más serias para el pueblo de Puerto Rico de la que el gobierno ha presentado.

Debemos entender que el problema fiscal es un problema tanto de los bonistas como del aparato gubernamental, los contribuyentes y los Fondos de Retiros.  Todos tenemos que compartir en la solución, por dolorosa que sea.

El bonista de Puerto Rico: sujeto a pérdidas monumentales e históricas

Lo peor de todo este escenario es que son los bonistas puertorriqueños, quienes creyeron en Puerto Rico, a quienes se pretende forzar a cargar con el peso mayor.  De golpe y porrazo se van a materializar pérdidas de una magnitud nunca antes vista en nuestra historia moderna.

Lo que se anticipa es una masacre del capital puertorriqueño.  En su momento se entendía que 30% de la deuda estaba en manos de residentes de la isla. Ahora se estima que es alrededor de un 20%.  Un cálculo aproximado coloca esa cantidad en $15 mil millones, que es una cantidad importante para Puerto Rico. Si se materializan los planes del gobierno, el mayor descuento es para la deuda en manos de inversionistas locales, un promedio de descuento que reduce a 40% o menos el principal.  Más allá de dejar a un grupo grande de personas sin capital o sin gran parte de sus ahorros, una consideración insufrible, tendrá consecuencias nefastas para la economía.

Estamos a punto de ser espectadores de lo que será una herida auto infligida por la cual sangrará a borbotones nuestra economía. No se pueden eliminar $9,000 millones de capital de una economía en contracción como la nuestra y pretender que no haya consecuencias. Hasta ahora las pérdidas han sido en papel, la propuesta negociación de la deuda las convertiría en reales.   Y no hablemos del efecto nocivo de no pagar intereses por dos años.  Usando una tasa de 5% en promedio, eso equivale a borrar $750 millones anuales de ingresos a ese grupo; y de la economía misma.

¿Han pensado en el impacto en las cooperativas, en algunas aseguradoras y en miles y miles de individuos que colocaron los ahorros de toda una vida en bonos de Puerto Rico? Se estima que al presente 50 mil boricuas son tenedores de bonos de Puerto Rico.   Otros cientos de miles lo han hecho a través de su participación en las cooperativas.  Lo hicieron porque prometían buenos ingresos, porque contaban con el respaldo del gobierno y sus agencias, porque se invertiría en nuestro país. Los bonos de Puerto Rico fueron por años una buena inversión que, además, proveían un beneficio adicional, el placer de invertir en lo nuestro.

Esto no puede ser un asunto en el cual los bonistas de Puerto Rico sean excluidos como parte integral de la negociación.   Hay que exigir que se consideren otras alternativas en las cuales todos los grupos responsables– incluyendo los bonistas– asuman una participación más justa y razonable. Hay que considerar la situación imperante del país, en lo que concierne a los bonistas boricuas y la economía misma.

Si hay confianza, voluntad y se logra un balance justo hay caminos a seguir. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de levantar nuestra voz y exigir que nuestros líderes asuman su responsabilidad también. No se trata de una mera negociación, se trata del futuro de Puerto Rico y de la calidad de vida de cientos de miles de puertorriqueños.  Seamos o no bonistas de Puerto Rico, esto es un asunto que afectará a quienes tenemos bonos y a quienes no los tienen. Levantemos nuestra voz antes de decimar el capital puertorriqueño y asestarle un golpe mortal a nuestra economía y a las generaciones presentes y futuras de nuestra patria.  A la hora de la verdad todos somos bonistas de Puerto Rico. Juntos podemos perder y, si hacemos las cosas bien, juntos podemos ganar.

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